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EL FANTASMA DE LA LUCHA DE CLASES

23 Feb 12 - 11:30

El fantasma de la lucha de clases
 
Adolfo Sánchez Rebolledo
 

Dice el historiador Josep Fontana que desde la Revolución Francesa hasta los años 70 del siglo pasado las clases dominantes de nuestra sociedad vivieron atemorizadas por fantasmas que perturbaban su sueño, llevándolas a temer que podían perderlo todo a manos de un enemigo revolucionario (Más allá de la crisis, Rebelión, 8/2/12). En ese extenso periodo los asalariados tuvieron que exigirlo todo: desde la libertad de reunión hasta la jornada de ocho horas o el ejercicio del voto, por no hablar de la contratación colectiva, el derecho de huelga o al salario digno al que todavía hoy alude utópicamente la OIT. Son esas concesiones las que marcan el progreso, la humanización de las relaciones capitalistas y con ello las formas de convivencia civilizadas más democráticas. La posguerra despertó nuevas inquietudes: la derrota del fascismo fortalecía en Europa al mundo del trabajo, inclinado al socialismo en una sociedad cada vez más polarizada entre dos extremos; pero la inteligencia de los hombres de Estado, que habían aprendido del New Deal –y los recursos a su disposición–, permitió un pacto político social que contuvo el peligro comunista, atemperando las desigualdades a favor de las grandes masas mientras crecían la productividad, el consumo y las ganancias del capital. Las cosas salieron tan bien que se creyó que el nuevo orden europeo –el floreciente Estado de bienestar– sería un estadio irreversible, más equilibrado y justo, sin grandes enemigos internos. Sin embargo, la propia guerra fría confirmaba que los temores de fondo del viejo capitalismo anticomunista (y sus actores) seguían presentes, prestos a convertirse en políticas de fuerza y no sólo frente a la amenaza proveniente del exterior.

La vieja pesadilla apenas comenzó a desvanecerse en los años 70, cuando, apunta Fontana, se hizo evidente que ni los comunistas estaban por hacer revoluciones ni tampoco podían ganar la guerra fría. La crisis de los años 70 borró del mapa la actualidad de la revolución en los países desarrollados y probó que el Estado soviético, con todo y sus colmillos nucleares, era un tigre de papel sometido a una desconocida enfermedad terminal que acabaría extinguiéndolo. Lo que sigue es historia conocida: los gobiernos de Reagan y Thatcher, luego de la crisis del petróleo, iniciaron la gran reforma neoliberal, cuyo objetivo no era otro que volver a poner sobre sus pies al capitalismo, que buscaba elevar sus ganancias. No sería sencillo desmontar las conquistas laborales y sociales, pero se puso toda la carne en el asador para lograrlo, desde la destrucción del sindicato hasta la reducción de los derechos más emblemáticos. El mundo del trabajo perdió densidad y peso político. Simultáneamente se fomenta el libre comercio, la innovación tecnológica y se deslocalizan las industrias, tejiendo un red global que antes no existía. El resultado, apunta nuestro autor, es que los salarios reales bajaron 7 por ciento de 1976 a 2007 en Estados Unidos, y lo han seguido haciendo después de la crisis. En otras palabras, el mundo se hizo aún más desigual que en el pasado.

La euforia antiestatista devino culto obligatorio al mercado y el individualismo hizo parecer ridículas las obsesiones igualitarias del pasado. El éxito de la revolución neoliberal alcanzó el cénit con la caída del Muro de Berlín, presentada como la confirmación absoluta de su pertinencia, de modo que el pensamiento crítico se reduce al mínimo o se queda como expresión testimonial de los sueños utópicos. Es en ese momento cuando surge la la gran divergencia, es decir, el proceso que, según Krugman, llevó al enriquecimiento del ya famoso uno por ciento a cuenta del empobrecimiento del resto de la humanidad. Lo extraordinario de esta situación, dice Fontana, es que la gran divergencia no es, como se repite, el resultado lógico, fatal, de la actividad del mercado, sino una construcción política puesta en juego para fortalecer, justamente, el peso específico de las grandes empresas que usan al Estado y la ley para reciclar sus privilegios. Dicho de otro modo, más allá de la crisis y sus secuelas, estaríamos ante una transformación a largo plazo de las reglas del juego social, que afirmaría el poder del uno por ciento frente a la precarización universal del trabajo. Atrás quedaría una época caracterizada por la esperanza y el potencial tecnológico y se instalaría una nueva era de desigualdad, gobernada por una oligarquía financiera. El resultado, hablando de Europa en particular, sería –según Fontana– “un golpe de Estado oligárquico en que los impuestos y la planificación y el control de los presupuestos están pasando a manos de unos ejecutivos nombrados por el cártel internacional de los banqueros”.

La dureza de las políticas de austeridad, los ataques a los derechos sindicales en España, la represión creciente a las disidencias indignadas en el globo entero, en fin, la crueldad del ajuste impuesto a Grecia, son ejemplos de hasta qué punto los grupos dirigentes actúan convencidos de que pueden imponerse sin desatar una situación de permanente ingobernabilidad haciendo irreversibles o permanentes las medidas adoptadas contra la crisis. Pero en este punto se olvidan de lo que los clásicos ya sabían antes de Marx: la lucha de clases existe.

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Las consecuencias serán más duraderas que en otros países por la afectación entre niños

En fechas recientes volvió a subir la pobreza en México: OCDE

El gasto público para necesidades sociales es escaso y no llega a los más necesitados, afirma

Advierte sobre el incremento de la precariedad entre las personas de la tercera edad

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El secretario general de la OCDE, José Ángel Gurría, y el secretario de Economía, Bruno Ferrari, ayer en la conferencia anual sobre mejora regulatoria, donde se informó que la carga regulatoria que existe en México tiene un costo para la economía equivalente a 4.8 por ciento del producto interno brutoFoto Guillermo Sologuren
Roberto González Amador
 
Periódico La Jornada
Miércoles 11 de enero de 2012, p. 28

La reducción de la pobreza en México se revirtió en los últimos años, con consecuencias que afectarán el futuro del país. Los niños constituyen casi la mitad de los 52 millones de mexicanos pobres, dato que indica que la pobreza podría tener consecuencias más duraderas que en otros países, sostuvo un nuevo informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

El gasto público destinado a atender necesidades sociales en México es una tercera parte del gasto promedio entre los países que pertenecen a ese organismo, indicó el informe Perspectivas OCDE: México, reformas para el cambio.

Además de escaso, respecto al promedio de las naciones de la OCDE, el gasto público para atender necesidades sociales no se distribuye mayoritariamente entre las personas con más necesidad de recibirlo para atender carencias. El reporte apuntó que el 20 por ciento de los más pobres apenas recibe 10 por ciento de las transferencias canalizadas a la reducción de la pobreza.

El informe expuso que en México se han impulsado iniciativas interesantes para aliviar la pobreza. Cita el programa Oportunidades, que con distintos nombres y algunas variaciones y mejoras se ha mantenido por 15 años, desde que fue puesto en práctica con el nombre de Progresa en el sexenio del ex presidente Ernesto Zedillo. La OCDE mencionó que Oportunidades, mediante el cual se realizan transferencias de efectivo a familias, a cambio de que los niños sean llevados a la escuela y a revisiones médicas, ha contribuido a aumentar las tasas de escolarización y facilitado la transición entre la educación primaria y secundaria. A la vez, ha reducido la mortalidad materna y mejorado la salud infantil, abundó.

Sin embargo, apuntó, la reducción de la desigualdad y la pobreza sigue planteando grandes desafíos. El documento definió que a pesar de los notables avances realizados, aún persisten retos importantes que deben ser enfrentados con miras a reducir la pobreza y la desigualdad en México. Uno de ellos tiene que ver con el gasto público destinado a atender necesidades sociales.

De 1985 a la fecha, el gasto público para atender necesidades sociales pasó de representar menos de 2 por ciento del producto interno bruto (PIB) a 7.2 por ciento. Aun con el incremento, el porcentaje de gasto público destinado en México al renglón social apenas representa un poco más de la tercera parte del gasto porcentual promedio que realizan los demás países de la OCDE.

El organismo mencionó en el documento que, si bien la pobreza había venido disminuyendo a lo largo de los últimos decenios, en fechas recientes ha vuelto a aumentar.

Según cifras oficiales, 52 millones de personas vivían en condición de pobreza en 2010. El alto nivel de pobreza absoluta se refleja también en otros indicadores relativos a las condiciones de vida: por ejemplo, la mortalidad infantil, que en México es tres veces superior al promedio de la OCDE, y la tasa de analfabetismo, que supera a la media del conjunto de la organización, abundó el infome.

Agregó: La población mexicana es relativamente joven. Por lo mismo, los niños constituyen casi la mitad de los pobres. Este dato indica que en México la pobreza podría tener consecuencias más duraderas que en otros países de la OCDE. Al mismo tiempo, el problema de la pobreza en la tercera edad es una cuestión apremiante, dado que afecta a 30 por ciento de las personas de 75 años en adelante, es decir, 1.5 veces superior a la del conjunto de la población. Tomando en cuenta el envejecimiento de la sociedad, se corre el riesgo de que la proporción de ancianos pobres aumente aún más en el futuro.

El organismo recomendó que se incrementen las transferencias de recursos públicos a familias pobres para reducir la pobreza de manera significativa.

Las transferencias sociales en efectivo sólo representan alrededor de 8 por ciento del ingreso familiar disponible y la mitad de esas prestaciones benefician a quienes están situados en el segmento superior de la escala de distribución, de acuerdo con el informe, que asegura que 20 por ciento de la población más pobre sólo recibe 10 por ciento de los fondos públicos canalizados a través de estos programas.

Privatizar tierras agrícolas

En el informe, la OCDE dedicó un capítulo a la agricultura, en el que mencionó que en México ese sector emplea a 13 por ciento de la población económicamente activa (actualmente de 49 millones de personas) y genera 3.8 por ciento del producto interno bruto.

Además de una estructura productiva conformada por unidades agropecuarias muy pequeñas, más de la mitad del territorio mexicano se administra mediante algún tipo de propiedad social, como ejidos o comunidades agrarias. Abundó que las reformas al sistema de tierras comunales impuesto en 1992 (durante el gobierno del ex presidente Salinas) redujeron restricciones que pesaban sobre la transmisión de la tierra con la intención de mejorar la flexibilidad de la producción agropecuaria y de fomentar la inversión. Sin embargo, en la práctica el impacto ha sido limitado.

El estudio no lo menciona, pero la reforma a la propiedad de la tierra agrícola en el gobierno del expresidente Salinas, que implicó la modificación de la Constitución, generó amplio rechazo de agrupaciones campesinas y de pequeños productores. Algunos analistas ubican esta reforma como una, entre varias, de las causas que detonaron el alzamiento zapatista en enero de 1994.

El sistema comunal de tierras pretende, abundó el reporte, satisfacer ciertas necesidades sociales en ausencia de redes de seguridad social más amplias como las que existen en la mayoría de países de la OCDE.

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