Los genios tecnocráticos no quitan el dedo del renglón, y cada que pueden, y pueden seguido, retoman el plan de gravar con IVA a medicinas y alimentos (impuesto al hambre y a la enfermedad), y cuentan con inagotable tiempo en los medios electrónicos de comunicación para explicar las bondades y beneficios de esta que es, según dicen, la mejor alternativa. Pues bien, existen otros genios, fuera del circuito dorado de la burocracia financiera, con sensibilidad social y fuera de las pantallas, que documentan exactamente lo contrario. En este sentido, el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM (IIE) aporta su análisis (IVA generalizado a alimentos y medicinas: ¿buena opción para incrementar la recaudación?, del que se toman los siguientes pasajes) para entender mejor de qué se trata.

El IIE señala que para que el Estado pueda cumplir como proveedor y facilitador del bien común, así como promotor del desarrollo nacional, es indispensable que cuente con recursos suficientes. En México el problema de escasez de recursos públicos coexiste con la prevalencia de la dependencia fiscal de los ingresos petroleros, aunado al riesgo latente de no contar con dichos recursos en el futuro. De ahí la necesidad de encontrar la manera de incrementar los ingresos fiscales sin dejar de cumplir con los principios básicos de equidad, eficiencia y progresividad.

Debe analizar cuidadosamente la posibilidad de elevar la recaudación vía la aplicación del IVA generalizado a medicinas y alimentos. Las voces a favor de la aplicación de este impuesto argumentan que tiene ventajas derivadas de su facilidad de recaudación y que su cobro no afectaría a los pobres, pues en montos absolutos los ricos aportarían más a través de este impuesto y, por otro lado, los pobres serían compensados a través de programas como Oportunidades.

Respecto a los argumentos a favor que se mencionan se debe hacer una evaluación más profunda para conocer las implicaciones de la aplicación de este impuesto sobre la distribución del gasto en los hogares. De acuerdo con la Encuesta Ingreso Gasto de los Hogares 2010 publicada por el Inegi, los hogares del primer decil (el 10 por ciento más pobre) de ingresos destinan cerca de 40 por ciento de su ingreso al consumo de estos bienes, en tanto que el último decil (el 10 por ciento más rico) sólo el 12 por ciento. En gasto en medicinas la proporción es de uno y 0.7 por ciento, respectivamente.

Si se suma el gasto en alimentos y medicinas del decil más bajo (el más pobre) respecto del más alto (el más rico), y aplicando la tasa impositiva teórica de 16 por ciento, los resultados son contundentes: gravar con IVA a medicinas y alimentos reduciría 7 por ciento el ingreso real de los hogares con menores recursos, y la caída sería sólo de 2 por ciento para los hogares con mayores ingresos; es decir, la afectación de los deciles más bajos de ingreso es mucho mayor que la que sufrirían los deciles de mayores ingresos.

Respecto al argumento que sugiere la posibilidad de compensar a los hogares de menores ingresos por el cobro del IVA sobre alimentos y medicinas, vía programas sociales como el Oportunidades, es de subrayar la existencia de estudios que revelan la falta de acceso de los pobres urbanos y la inclusión de personas que no necesitan de este apoyo a dicho programa; es decir, que a 16 años de su puesta en marcha continúan los problemas de focalización, cobertura y acceso.

Afortunadamente existen muchas otras fuentes para incrementar los ingresos públicos. Sólo por mencionar algunas: combatir la evasión del IVA que se calcula representa 50 por ciento; corregir la progresividad del ISR haciéndolo menos regresivo; y gravar las ganancias de capital. Es decir, podrían considerarse algunas de estas opciones antes de aplicar el IVA a alimentos y medicinas, evitando la afectación de las familias con menores ingresos y el crecimiento de la desigualdad, así como la disminución del consumo y la consecuente afectación en la actividad económica.

La aplicación generalizada del IVA sobre alimentos y medicinas tampoco se justificaría en función de mejores prácticas internacionales, incluso respecto de los esquemas tributarios de los socios mexicanos en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. En 2010, nuestro país recaudó por impuestos al consumo en general 3.9 por ciento de su PIB, casi el doble que Estados Unidos (país que obtiene por este concepto 2 por ciento del PIB) y una cifra muy cercana a la recaudada en Canadá (donde los ingresos por estos impuestos ascendieron a 4.3 por ciento del PIB).

Los países del TLCAN tienen una legislación similar respecto de los impuestos al consumo general. Sin embargo, es importante advertir que en 2010 estos impuestos representaron para México 20.5 por ciento de los ingresos tributarios totales, en tanto que para Estados Unidos sólo 8.1 y para Canadá 14. Ello indica que si bien recaudamos por impuestos al consumo una cantidad similar en términos del porcentaje del PIB, la importancia relativa de este impuesto sobre ingresos tributarios totales es mayor para nuestro país.

Estados Unidos y Canadá cuentan con sistemas tributarios fincados, fundamentalmente, en el cobro de impuestos sobre la renta. En Canadá, la tributación por concepto de ingresos y beneficios representó (2010) 46.8 por ciento de los ingresos tributarios totales, y en Estados Unidos 43.6 por ciento. En contraste, para México representó 27.8 por ciento del total. En nuestro país el rubro más importante de ingresos tributarios es el de los impuestos específicos sobre bienes y servicios (incluyen ingresos petroleros), que significa 31.2 por ciento de los ingresos totales, superior a la recaudación por gravámenes al ingreso y las ganancias.

Entonces, antes de la generalización del IVA deben buscarse fuentes alternativas de tributación que promuevan el crecimiento económico con equidad distributiva.