Los legisladores Ricardo Monreal (Partido del Trabajo) y Ricardo Mejía Berdeja (Movimiento Ciudadano) sostienen que “la proliferación de la delincuencia en México, concretamente el narcotráfico, ubica a esta actividad ilícita entre las mayores fuentes de empleo. El trasiego de estupefacientes ha generado trabajo en años recientes para miles de personas, incluso más que Pemex y la industria maderera… Estimaciones recientes muestran que en México hay 468 mil personas que se dedican al narco. Esto es cinco veces más que el total de (los ocupados en) la industria maderera nacional y tres veces más que el personal de Pemex, la compañía petrolera con mayor número de empleados en el mundo. Campesinos, matones, vigilantes, capos, abogados, médicos, secretarias; el narcotráfico necesita de todo, y de todo emplea” (La Jornada, Roberto Garduño).

Los citados promueven una iniciativa de reforma a los artículos octavo y noveno de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, y consideran que ante la participación de las redes de la delincuencia organizada en la economía se requiere un cambio sustantivo en las capacidades del Ministerio Público Federal, a partir de la creación de un cuerpo técnico de inteligencia financiera capaz de investigar y perseguir los actos u omisiones relacionados con el lavado de dinero. El objetivo de la reforma es colocar diques a la delincuencia, que en los últimos 35 años ha multiplicado esfuerzos para evadir la acción de la justicia. La infiltración en las estructuras gubernamentales es enorme. A esto hay que sumar los altos índices de impunidad. La delincuencia organizada ha logrado manipular por medio de sobornos, chantajes y amenazas a gran parte del sector gubernamental. Ha llegado a tal grado la penetración de la delincuencia organizada en las estructuras de los diferentes órdenes de gobierno, que no han sido pocos los casos de corporaciones policiacas municipales o estatales que han sido señaladas por proteger los intereses de los criminales (ídem).

Pues bien, de entrada habría que precisar que el número de empleos estimados por los diputados resulta 2.2 veces mayor que el número de efectivos del Ejército mexicano oficialmente reconocido por el gobierno federal (214 mil en números cerrados, del general secretario para abajo), y casi ocho veces superior al de los efectivos de la Secretaría de Marina y los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (60 mil en cada uno de los casos), de tal suerte que no escasean las plazas laborales en el mercado nacional del narcotráfico.

Lo anterior invita a revisar la posición que como empleador ocupa, de acuerdo con Monreal y Mejía, tan productivo sector. Los legisladores concluyen que se ubica en el escalón número cinco a nivel nacional, pero para fines comparativos utiliza un sector industrial (el maderero) y una paraestatal (Pemex). Si el análisis es por sector, entonces el empleo en la industria del narcotráfico quedaría muy por debajo de, por ejemplo, el sector servicios, que concentra a más de 40 por ciento de la población ocupada. La cosa cambia si el análisis es por empresa, y en este sentido el narco parece alcanzar la medalla de oro.

Plantío de mariguana descubierto en un rancho del estado de Jalisco. Imagen de archivoFoto Notimex

Sin considerar la informalidad (que ocupa a dos de cada tres mexicanos), el mayor empleador del país es el gobierno federal (más de 2.5 millones), pero más allá de él no existe empresa pública o privada con mayor personal (siempre considerando la información de Monreal y Mejía) que la asimilada por el mercado laboral del narcotráfico, con sus 468 mil empleados. Oficialmente, Petróleos Mexicanos tienen en nómina a 151 mil trabajadores y funcionarios (información de 2011), o lo que es lo mismo, una proporción tres veces menor a la estimada para la citada industria.

También de forma oficial, la empresa privada que cuenta con mayor número de trabajadores es la trasnacional Wal-Mart México, con 238 mil personas. Le sigue Fomento Económico Mexicano (Femsa, refresquera, ex cervecera y propietaria de la cadena de tiendas Oxxo) con más de 177 mil empleados reconocidos. Entre ambas (2011) sumaron poco más de 40 mil millones de pesos en utilidades netas, contra 40 mil millones, pero de dólares, del narcotráfico, es decir una diferencia 13 veces mayor, favorables, desde luego, a este último.

El sistema bancario que opera en el país reconoce alrededor de 150 mil empleados (vía outsourcing, la mayoría), un número similar al que reporta la mayor empresa de telefonía celular del país (América Móvil). Si se suman las plazas, sólo representan 65 por ciento del empleo proporcionado por la industria del narcotráfico. Y si de utilidades se trata (2011), el primero obtuvo 5 mil 500 millones de dólares y la segunda 12 mil millones, contra 40 mil millones de billetes verdes del narco.

En apariencia, el número de empleos en la industria del narcotráfico sería menor si se compara con el total nacional, pues apenas representaría el uno por ciento, aunque aparentemente muy bien remunerado. Pero no se sabe si la estimación de los citados legisladores incluye a todo aquel que cuenta con doble empleo (por llamarle así), es decir, quienes ya con una plaza sirven al narco: policías, soldados y/o marinos corruptos; los ministerios públicos, jueces y demás integrantes del Poder Judicial en las mismas condiciones; los funcionarios que cobran en la nómina gubernamental y en la de los narcos por los servicios prestados; los empresarios, banqueros, dueños y operadores de casas de cambio que lavan y lavan y, en fin, todo aquel que cobra con las dos manos y así contribuye a que la actividad ilícita se mantenga boyante.

Las rebanadas del pastel

Agarraos, mexicanos pagadores, que la Comisión Federal de Electricidad alista una estrategia de cobranza más rigurosa, porque todo indica que a los genios de la CFE no les satisface el brutal aumento en el recibo por consumo de energía eléctrica que resienten los consumidores desde la extinción de Luz y Fuerza del Centro.