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La reforma educativa incluyó de última hora un artículo que ya se había desechado

Denuncia Bartlett maniobra de la mesa directiva y advierte que impugnará el proceso legislativo

Andrea Becerril
 
Periódico La Jornada
Sábado 22 de diciembre de 2012, p. 8

La reforma educativa aprobada en ambas cámaras incluyó de última hora un artículo que ya se había derogado y que, a juicio de senadores de PRD y PT, es un paso hacia la privatización de la enseñanza, toda vez que desde la Constitución se abre la posibilidad de cobro de cuotas a los padres de familia para el mantenimiento de la infraestructura, compra de materiales y para resolver problemas de operación básicos en los planteles.

El cambio se dio en la madrugada de ayer en el Senado, cuando se discutía en lo particular la reforma educativa y Martha Palafox, senadora del PT, reservó el transitorio quinto, numeral 3, inciso A del artículo 73 de la Carta Magna, que en el dictamen a discusión aparecía como desechado.

Ese artículo aludía a fortalecer la autonomía de gestión de las escuelas, con el objetivo de mejorar su infraestructura, comprar materiales educativos, resolver problemas de operación básicos y propiciar condiciones de participación para que alumnos, maestros y padres de familia, bajo el liderazgo del director, se involucren en la resolución de los retos que cada escuela enfrenta.

Trabajo sucio

Vicepresidente de la mesa directiva del Senado, el perredista Luis Sánchez acusó ayer en entrevista a la senadora Palafox de hacerle el trabajo sucio al PRI, toda vez que habían logrado que se suprimiera ese párrafo del artículo 73, y al final los priístas expresaron la intención de reintegrarlo, pero fue la legisladora petista quien lo reservó y las bancadas del tricolor y el PAN lo votaron en favor.

Trampa

El coordinador del PT, Manuel Bartlett, dijo que es una trampa y una maniobra de la mesa directiva del Senado, toda vez que lo que Palafox intentó fue cambiar ese transitorio para eliminar el efecto privatizador y él mismo propuso que se eliminara, ya que en el dictamen que a él le presentaron no aparecía con la expresión se deroga.

En esa sesión –que concluyó después de la una de la madrugada de ayer– Bartlett planteó varias reservas y una fue precisamente al párrafo aludido del quinto transitorio. Expuso que se trata de una fracción absolutamente privatizadora, que permitirá al gobierno federal poco a poco irse desentendiendo de las escuelas, para ver cuáles subsisten sin recursos, sin apoyos.

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Los senadores Manuel Camacho, Manuel Bartlett y Emilio Gamboa durante la sesión de este jueves en el recinto de Paseo de la ReformaFoto Guillermo Sologuren

Es, agregó, una forma de llevar a la Constitución que los gastos de las escuelas puedan cubrirse a través de aportaciones de los padres de familia y alumnos. Su propuesta fue desechada y luego vino la de su compañera de bancada Martha Palafox, quien propuso sólo un cambio al párrafo, para quedar como sigue:

Fortalecer la autonomía de gestión de las escuelas ante los órdenes de gobierno que corresponda, es decir introdujo, la última frase, y sostuvo ante el pleno que con ello se garantizaría que esto no es una privatización. Argumentó que la modificación la propuso porque recibe muchas denuncias de madres de familia por las cuotas excesivas que tienen que aportar a las escuelas públicas donde estudian sus hijos.

De inmediato, el perredista Benjamín Robles Montoya la acusó de empeorar el dictamen y le dijo que, si tanto le preocupaba que las cuotas de los padres de familia se constitucionalicen, debió ver que ese punto ya habían logrado eliminarlo en comisiones. Exigió al PRI honrar la palabra y derogar el párrafo a debate.

Deroguemos ese artículo, conscientes de que no podemos mandar una señal negativa a los padres de familia, recalcó. Desde su escaño, el coordinador perredista Miguel Barbosa exigió que se aclarara si la propuesta de Palafox era a nombre de su bancada.

Bartlett Díaz le recalcó que no era así y, mientras todas las reservas que presentó se rechazaron, ésta se aprobó con 89 votos a favor y 23 en contra. El ex titular de Gobernación, insistió ayer en que fue una maniobra de la mesa directiva y advirtió que lo impugnará, dadas las irregularidades en el proceso legislativo.

El perredista Sánchez insistió en que fue una sorpresa que Palafox reservara esa parte del quinto transitorio, ya que nos habían dicho que lo harían el PAN o el PRI. El cambio propuesto por la petista, dijo, si bien privilegia la gestoría del director de la escuela ante las autoridades educativas, definitivamente abre la posibilidad para que se cobren cuotas de manera formal a los padres de familia, para el mantenimiento de los planteles o para que puedan abrirse tiendas dentro de los mismos.

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NoLa

Las consecuencias serán más duraderas que en otros países por la afectación entre niños

En fechas recientes volvió a subir la pobreza en México: OCDE

El gasto público para necesidades sociales es escaso y no llega a los más necesitados, afirma

Advierte sobre el incremento de la precariedad entre las personas de la tercera edad

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El secretario general de la OCDE, José Ángel Gurría, y el secretario de Economía, Bruno Ferrari, ayer en la conferencia anual sobre mejora regulatoria, donde se informó que la carga regulatoria que existe en México tiene un costo para la economía equivalente a 4.8 por ciento del producto interno brutoFoto Guillermo Sologuren
Roberto González Amador
 
Periódico La Jornada
Miércoles 11 de enero de 2012, p. 28

La reducción de la pobreza en México se revirtió en los últimos años, con consecuencias que afectarán el futuro del país. Los niños constituyen casi la mitad de los 52 millones de mexicanos pobres, dato que indica que la pobreza podría tener consecuencias más duraderas que en otros países, sostuvo un nuevo informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

El gasto público destinado a atender necesidades sociales en México es una tercera parte del gasto promedio entre los países que pertenecen a ese organismo, indicó el informe Perspectivas OCDE: México, reformas para el cambio.

Además de escaso, respecto al promedio de las naciones de la OCDE, el gasto público para atender necesidades sociales no se distribuye mayoritariamente entre las personas con más necesidad de recibirlo para atender carencias. El reporte apuntó que el 20 por ciento de los más pobres apenas recibe 10 por ciento de las transferencias canalizadas a la reducción de la pobreza.

El informe expuso que en México se han impulsado iniciativas interesantes para aliviar la pobreza. Cita el programa Oportunidades, que con distintos nombres y algunas variaciones y mejoras se ha mantenido por 15 años, desde que fue puesto en práctica con el nombre de Progresa en el sexenio del ex presidente Ernesto Zedillo. La OCDE mencionó que Oportunidades, mediante el cual se realizan transferencias de efectivo a familias, a cambio de que los niños sean llevados a la escuela y a revisiones médicas, ha contribuido a aumentar las tasas de escolarización y facilitado la transición entre la educación primaria y secundaria. A la vez, ha reducido la mortalidad materna y mejorado la salud infantil, abundó.

Sin embargo, apuntó, la reducción de la desigualdad y la pobreza sigue planteando grandes desafíos. El documento definió que a pesar de los notables avances realizados, aún persisten retos importantes que deben ser enfrentados con miras a reducir la pobreza y la desigualdad en México. Uno de ellos tiene que ver con el gasto público destinado a atender necesidades sociales.

De 1985 a la fecha, el gasto público para atender necesidades sociales pasó de representar menos de 2 por ciento del producto interno bruto (PIB) a 7.2 por ciento. Aun con el incremento, el porcentaje de gasto público destinado en México al renglón social apenas representa un poco más de la tercera parte del gasto porcentual promedio que realizan los demás países de la OCDE.

El organismo mencionó en el documento que, si bien la pobreza había venido disminuyendo a lo largo de los últimos decenios, en fechas recientes ha vuelto a aumentar.

Según cifras oficiales, 52 millones de personas vivían en condición de pobreza en 2010. El alto nivel de pobreza absoluta se refleja también en otros indicadores relativos a las condiciones de vida: por ejemplo, la mortalidad infantil, que en México es tres veces superior al promedio de la OCDE, y la tasa de analfabetismo, que supera a la media del conjunto de la organización, abundó el infome.

Agregó: La población mexicana es relativamente joven. Por lo mismo, los niños constituyen casi la mitad de los pobres. Este dato indica que en México la pobreza podría tener consecuencias más duraderas que en otros países de la OCDE. Al mismo tiempo, el problema de la pobreza en la tercera edad es una cuestión apremiante, dado que afecta a 30 por ciento de las personas de 75 años en adelante, es decir, 1.5 veces superior a la del conjunto de la población. Tomando en cuenta el envejecimiento de la sociedad, se corre el riesgo de que la proporción de ancianos pobres aumente aún más en el futuro.

El organismo recomendó que se incrementen las transferencias de recursos públicos a familias pobres para reducir la pobreza de manera significativa.

Las transferencias sociales en efectivo sólo representan alrededor de 8 por ciento del ingreso familiar disponible y la mitad de esas prestaciones benefician a quienes están situados en el segmento superior de la escala de distribución, de acuerdo con el informe, que asegura que 20 por ciento de la población más pobre sólo recibe 10 por ciento de los fondos públicos canalizados a través de estos programas.

Privatizar tierras agrícolas

En el informe, la OCDE dedicó un capítulo a la agricultura, en el que mencionó que en México ese sector emplea a 13 por ciento de la población económicamente activa (actualmente de 49 millones de personas) y genera 3.8 por ciento del producto interno bruto.

Además de una estructura productiva conformada por unidades agropecuarias muy pequeñas, más de la mitad del territorio mexicano se administra mediante algún tipo de propiedad social, como ejidos o comunidades agrarias. Abundó que las reformas al sistema de tierras comunales impuesto en 1992 (durante el gobierno del ex presidente Salinas) redujeron restricciones que pesaban sobre la transmisión de la tierra con la intención de mejorar la flexibilidad de la producción agropecuaria y de fomentar la inversión. Sin embargo, en la práctica el impacto ha sido limitado.

El estudio no lo menciona, pero la reforma a la propiedad de la tierra agrícola en el gobierno del expresidente Salinas, que implicó la modificación de la Constitución, generó amplio rechazo de agrupaciones campesinas y de pequeños productores. Algunos analistas ubican esta reforma como una, entre varias, de las causas que detonaron el alzamiento zapatista en enero de 1994.

El sistema comunal de tierras pretende, abundó el reporte, satisfacer ciertas necesidades sociales en ausencia de redes de seguridad social más amplias como las que existen en la mayoría de países de la OCDE.

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